Tras una prolongada disputa judicial de 15 meses, el juez federal Sebastián Casanello ordenó la restitución del directorio de la Obra Social de los Peones Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), elegido por la UATRE. El fallo pone fin a la gestión del interventor Marcelo Petroni, designado por el Gobierno Nacional en octubre de 2024, cuya asunción estuvo marcada por denuncias de irregularidades y sospechas de «forum shopping» contra el juez desplazado anteriormente, Federico Villena.
Durante la intervención, la obra social enfrentó una crisis prestacional sin precedentes. La UATRE denunció que la administración de Petroni duplicó la estructura administrativa con fines políticos y priorizó contratos con proveedores vinculados a intereses externos, mientras se reducían los fondos destinados a la salud de los afiliados. Las consecuencias fueron críticas: se acumularon más de 470 amparos judiciales por falta de entrega de medicamentos y existen tres causas penales por «abandono de persona seguido de muerte» debido a la interrupción de tratamientos oncológicos.
En sus fundamentos, Casanello subrayó que la hipótesis que originó la intervención es hoy «prácticamente nula» y reafirmó la protección de los sindicatos contra injerencias arbitrarias. Como parte de la transición, el magistrado designó un veedor judicial para monitorear el estado de la entidad y otorgó un plazo de 72 horas al interventor saliente para presentar un informe detallado sobre la situación patrimonial y administrativa, cerrando así un capítulo de fuerte inestabilidad institucional para los trabajadores rurales.
