La Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE) congregó a los principales actores de la cadena agroindustrial para exponer un eje estratégico que, hasta el momento, no había ocupado el centro del debate en el comercio internacional: la dimensión social de las exportaciones hacia la Unión Europea (UE).
Si bien la atención de las empresas y productores agropecuarios estuvo concentrada en la trazabilidad ambiental para garantizar que la soja y la carne bovina provengan de lotes libres de deforestación posterior a 2020, el Reglamento UE 2023/1115 (Reglamento 1115) impone pautas estrictas en su Artículo 3. Dicha normativa obliga a las firmas proveedoras a demostrar de forma fehaciente el cumplimiento total de las leyes laborales del país de origen.
Ante este escenario corporativo, la UATRE, en co-desarrollo técnico con la asociación civil CRISOL Proyectos Sociales, lanzó formalmente la herramienta operativa con la que emitirá la denominada “Constancia de Legalidad”. Este instrumento institucional contó además con la articulación de la plataforma VISEC y el soporte académico de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA).
Margarita Carratú, presidente de CRISOL, detalló que la herramienta viene a complementar la estructura digital de VISEC, sumando una verificación presencial en los establecimientos rurales. El mecanismo consistirá en visitas técnicas logísticamente acordadas con los productores, donde personal de UATRE relevará un cuestionario estructurado de 20 preguntas y recolectará evidencias fotográficas o archivos digitales a pie de lote.
Durante las inspecciones en el campo se verificarán variables críticas de la legislación laboral argentina: el trabajo registrado, los aportes a la seguridad social, el cumplimiento de jornadas, descansos y horas extras, la prevención del trabajo infantil, la salud ocupacional, la entrega de Equipos de Protección Personal (EPP), los contratos con prestadores de servicios y cooperativas, las pólizas de ART y la presentación de la libreta del trabajador rural.
Las autoridades aclararon que el enfoque del programa no es punitivo, sino que se plantea bajo un esquema corporativo de mejora continua y flexibilidad, asistiendo a los productores agropecuarios para que alcancen los estándares exigidos sin trabar la comercialización externa. La FAUBA estará a cargo del dictado de las capacitaciones virtuales sobre el sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) y trazabilidad para los inspectores sindicales.
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, respaldó institucionalmente la propuesta, destacando la necesidad de cooperación entre productores y exportadores frente a este cambio de paradigma global donde se ha invertido la carga de la prueba en los mercados internacionales. El despliegue operacional de la constancia comenzará a regir a partir de diciembre, con la correspondiente entrega de credenciales a los revisores habilitados.
