La oportunidad que tiene la Argentina de expandir su producción de granos y cultivos descansa sobre dos pilares fundamentales: la ampliación de la frontera agrícola hacia tierras hoy desaprovechadas —como el norte de Río Negro o las zonas áridas del NOA— y la mejora de la productividad por hectárea en regiones de siembra intensiva. Para lograr ambos objetivos, la tecnología de riego se posiciona como una herramienta estratégica indispensable, permitiendo fijar pisos productivos elevados y explorar techos de rendimiento frente a shocks climáticos.

Atendiendo a este potencial de desarrollo económico y generación de divisas, el Gobierno nacional incluyó incentivos específicos dentro del Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI). Al respecto, el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP), Manuel Chiappe, analizó la radiografía del sector y el impacto inmediato que están teniendo las nuevas medidas fiscales en el flujo de inversiones productivas.

De acuerdo con el funcionario, el país cuenta actualmente con una superficie regada de aproximadamente 2 millones de hectáreas, pero posee el potencial real de sumar al menos 4 millones de hectáreas adicionales gracias a la disponibilidad de agua de excelente calidad. Chiappe remarcó que se está viviendo un proceso de conversión desde el riego tradicional por manto hacia sistemas mucho más eficientes, como el pívot central y el goteo subterráneo.

A pesar de que instalar un equipo representa una inversión significativa de entre 2.000 y 4.000 dólares por hectárea, el marco de estabilidad macroeconómica ha reactivado las decisiones de compra de los productores. Bajo el amparo del RIMI —incluido en la Ley 27.802 de modernización laboral sancionada en marzo de 2026— y con el sistema de gestión en ARCA operando al 100%, se habilitaron beneficios como la amortización del equipo a gasto en un solo año y la recuperación del IVA de las inversiones en un plazo de tres meses. A esto se suma la baja de la alícuota del IVA para la actividad del 27% al 10,5%, y la caída de los aranceles de importación del 14% al 2%, complementada por la eliminación del Impuesto PAIS, lo que abarata los costos de los equipos en casi un 10%.

El impacto comercial de este nuevo esquema ya se hace sentir en el mercado ganadero y agrícola. El subsecretario precisó que recientemente se concretaron las ventas de 600 equipos pívots y se encuentran en etapa de negociación cerca de 800 unidades adicionales. En paralelo, el riego por goteo superficial y subterráneo se expandió en unas 10.000 hectáreas en las zonas más áridas del territorio. Ante estos números, las proyecciones de la Secretaría apuntan a un crecimiento exponencial en el uso de estas tecnologías de cara a los próximos dieciocho meses.

La transformación hídrica no se limita únicamente a los grandes cultivos de granos, sino que muestra un avance federal e integral sobre economías regionales como la horticultura en Río Negro o el cultivo de pistacho en San Juan. Asimismo, la producción de proteínas animales, que engloba la producción de carne y leche, está adoptando el riego como un estabilizador de reservas forrajeras. En este sentido, el organismo articuló jornadas técnicas en el INTA Manfredi junto a productores lecheros para vincular el uso de riego con el tratamiento de efluentes.

Para dar sustentabilidad financiera a estos desembolsos de capital, la SAGYP mantiene mesas de trabajo constantes junto a las empresas del sector y entidades como el Banco Nación y el Banco BICE del Ministerio de Economía. Las propuestas crediticias incluyen formatos creativos como leasing, warrants y esquemas de valor-producto, buscando calzar los créditos en plazos de amortización de 5 a 7 años con periodos de gracia extendidos. Esta alta demanda financiera se reflejó de manera directa en los récords de colocación de créditos informados durante las últimas ediciones de ExpoAgro y Agroactiva.

Finalmente, el funcionario ponderó la articulación cotidiana que se realiza con los ministerios de producción y secretarías de agricultura de las distintas provincias. Mediante el cruce de datos estratégicos, el sector público nacional y los gobiernos provinciales relevan de manera conjunta mapas de acuíferos para evaluar la disponibilidad y la calidad de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, consolidando la base para una transformación productiva sostenible a largo plazo.